Codue pide a la DGII revisar aumento del marbete por impacto en el bolsillo de las familias
MV NOTICIAS, SANTO DOMINGO. – El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) pidió a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) revisar el aumento de las tarifas del marbete vehicular para el período 2026-2027, al considerar que representa una carga económica adicional para las familias dominicanas.
El presidente de la entidad, Feliciano Lacen Custodio, sostuvo que las autoridades deben evaluar con detenimiento las medidas que afectan directamente el presupuesto de los hogares, especialmente en un contexto en el que los ingresos de numerosos trabajadores resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Lacen Custodio señaló que las decisiones económicas no deben analizarse únicamente desde las estadísticas, los indicadores financieros o las cifras de crecimiento, sino también tomando en cuenta la realidad cotidiana de la población, en particular de los sectores con menores ingresos.
En ese sentido, exhortó a las autoridades a ponderar el impacto de las medidas económicas y administrativas antes de aplicarlas, a fin de evitar que sus consecuencias recaigan de manera desproporcionada sobre los grupos más vulnerables.
El dirigente evangélico también manifestó preocupación por los efectos de la situación internacional sobre la economía dominicana, especialmente en los precios de los combustibles, pese a los subsidios aplicados por el Estado.
Asimismo, señaló el incremento de las tarifas eléctricas y el encarecimiento de los alimentos de primera necesidad como factores que reducen la capacidad de las familias para cumplir con sus compromisos mensuales.
El CODUE agregó que las dificultades que enfrenta el sistema de salud constituyen otro motivo de preocupación y consideró que este panorama requiere mayor sensibilidad de las autoridades al momento de adoptar decisiones que impliquen nuevos gastos para la ciudadanía.
La organización concluyó exhortando al Estado dominicano a priorizar la estabilidad social, económica y alimentaria de la población mediante políticas que tomen en consideración la capacidad real de pago de las familias.
